Jueves de Corpus.

Durante los años 70 y 80, México acogió en su tierra a miles de personas que huían de las dictaduras del Cono Sur, donde las detenciones, torturas y desapariciones formaban parte del terror diario de quienes allí vivían.

Durante los años 70 y 80, México practicó en su tierra la detención, tortura y desaparición de miles de personas cuyas convicciones políticas, o las de familiares cercanos, les alejaban de las prácticas políticas del Partido Revolucionario Institucional, PRI, entonces en el poder.

Puede que el 2 de octubre de 1968 sea una de las fechas más conocidas en la historia de México. Días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, la matanza de la plaza de Tlatelolco, donde cientos de jóvenes estudiantes fueron masacrados por el Ejército mexicano. El Presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad por los hechos, dejando así libre de culpa a su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría, quién le sustituiría en la Presidencia, en las siguientes elecciones, celebradas dos años después, en 1970. Díaz Ordaz falleció en 1979, después de haber tenido el honor de ser el primero embajador de México en España, en abril de 1977, al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países tras la muerte de Franco.

El 10 de junio de 1971, era jueves de Corpus. Ese día, se celebraba en la Ciudad de México una manifestación estudiantil, la más grande desde aquel 2 de octubre de 1968. Convocada por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) la marcha saldría a las cinco de la tarde del Casco de Santo Tomás, en el IPN e iría encabezada por varios de los dirigentes del movimiento estudiantil del 68 que habían sobrevivido a la matanza y a las detenciones que se practicaron después. Entre sus reivindicaciones estaba la democratización de la enseñanza y la libertad de los presos políticos. En el itinerario que seguían los aproximadamente 10.000 manifestantes, la gente sentía temor: el 68 estaba demasiado cerca.

En una de las calles por las que pasaban, un grupo de granaderos les salió al paso y les advirtió por medio de un megáfono que debían disolver la manifestación porque no estaba autorizada. No se detuvieron. Más adelante, se les interpuso un grupo de policías antimotines que llevaban chalecos antibalas y escudos. Los estudiantes se pararon y comenzaron a cantar el Himno Nacional. Los policías se dispersaron.

Un poco más adelante, los estudiantes se encontraron con un grupo de personas, en su mayoría jóvenes que bajando de varios camiones grises y de camionetas, llevaban palos, pistolas y hasta rifles automáticos. Ante la sorpresa de los manifestantes, se lanzan contra ellos y les empezaron a golpear y a disparar al tiempo que lo hacían también francotiradores desde edificios cercanos. Eran “Los Halcones”. El saldo extraoficial de aquel episodio, fue de 45 muertos y centenares de heridos. La policía no apareció por el lugar.

Hace ya 33 años, desde el gobierno del Distrito Federal, hubo el compromiso de investigar los hechos. No hubo resultados y nadie fue entregado a la justicia. Tan sólo, Luis Echeverría destituyó de su cargo al regente de la Ciudad de México y cerró así ese capítulo de la represión a los estudiantes. O eso creyó él.

A partir del año 2002, se hicieron públicos y accesibles cientos de legajos de documentos oficiales que están depositados en el Archivo General de la Nación, situado en el antiguo penal de Lecumberri, justo donde estuvieron encarcelados los líderes del movimiento estudiantil del 68.

Este hecho permitió que este caso, al igual que otros relacionados con las desapariciones forzadas, pudieran reabrirse y que el Ministerio Público contara con pruebas que involucran a altos funcionarios del gobierno de México y a ex-militares en la matanza del 10 de junio de 1971.

Estos documentos han permitido conocer que “Los Halcones” fue un grupo paramilitar organizado, entrenado y dirigido por el entonces coronel Manuel Díaz Escobar y que inició sus acciones represivas en 1961 en San Luis Potosí. Apoyado y protegido por el general Alfonso Corona del Rosal, quién era regente del Distrito Federal en 1968, se integró el grupo paramilitar con el argumento de que era necesario proteger ciertas instalaciones estratégicas, como el Metro, durante la celebración de los Juegos Olímpicos. “Los Halcones” participaron también, como francotiradores, el 2 de octubre de 1968, junto con el “Batallón Olimpia”.

Manuel Díaz Escobar fue ascendido a general durante el gobierno de Luis Echeverría, y según documentación en poder de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) sólo obedecía las ordenes de éste, y fue la protección oficial recibida la que permitió tener ocultos a los miembros del grupo paramilitar entre los miles de empleados del Distrito Federal, como personal de limpieza o jardineros. Entre 1968 y 1971 llegaron a ser casi 1.000 y se dedicaron a reprimir opositores, líderes sindicales y movimientos sociales. A primeros de 1971, 40 hombres, los más capacitados, acudieron, con becas, a cursos de adiestramiento en Estados Unidos, Inglaterra y Japón.

El 10 de junio de 1971 también es conocido como El Halconazo o Jueves de Corpus, ese día se llevó a cabo una de las matanzas más crueles llevadas a cabo por el gobierno, no hay cifras exactas del número de muertos, pero hay quien afirma que fueron más de 100.

A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos por esclarecer el caso, los diferentes gobiernos federales junto con el poder judicial no han querido impartir justicia. Y si actualmente se mantiene en proceso a Luís Echeverría por delito de genocidio, esto no ha sido por la búsqueda de la justicia, sino por motivos políticos.

En julio del 2004, creyendo en las promesas de Vicente Fox durante su campaña con respecto de aclarar y hacer justicia en crímenes del pasado, se presentó una demanda por genocidio por los hechos del 10 de junio de 1971, la cual fue descartada por “prescripción”, a lo cual Carlos Monsiváis opinaba:

Lo que sí confirma “es la alianza del PRI con la impunidad”, subrayó el también periodista, y consideró que la mayor de las implicaciones de tal negativa consiste, precisamente, en “la certificación del estado de gracia de la impunidad” en el país.

Prosiguió Monsiváis: “Lo peor de este festín del cinismo es su intención primera y última: convencernos de que ante la impunidad sólo queda la desesperanza o la desesperación”.
Sin embargo, invocó el autor de Los rituales del caos, como sociedad y ciudadanos “nos toca inconformarnos ante una decisión tan irracional y tan antijurídica”.

La reivindicación del estado de derecho, puntualizó, “es lo que podemos oponer a la necedad, la injusticia, la ignorancia y la soberbia de los poderes formal e informalmente constituidos”.
fuente y nota completa

A pesar de la mala reputación del gobierno de Vicente Fox sobre el esclarecimiento del 10 de junio, sorpresivamente, a unas horas de llevarse a cabo las pasadas elecciones presidenciales, se libera orden de aprehensión contra Echeverría pero se le dejó libre a las pocas horas de su detención por prescripción del delito.

Meses después, a horas de la toma de posesión de Felipe Calderón, se vuelve a liberar una orden de aprehensión en contra de Echeverría, la cual vuelve a burlar (¿acaso no es ya obvio?) Luís Echeverría.

 

 

Pero porque hablar yo de este tema, les dejo un documental realizado por estudiantes a estudiantes que vivieron en carne propia aquel movimiento estudiantil del 71.





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